Es hora de reconocer el desastre exterior político en que se ha convertido el apoyo estadounidense para la administración de Porfirio Lobo en Honduras. Desde el golpe ocurrido el 28 de junio del 2009, que derrocó al presidente democráticamente electo de Honduras, José Manuel Zelaya, el país ha estado hundiéndose en un abismo en relación a los derechos humanos y la seguridad. Ese abismo es, en buena parte producto del Departamento de Estado.
Los titulares han estado llenos de historias de horror sobre Honduras. De acuerdo con las Naciones Unidas, Honduras tiene la mayor tasa mundial de homicidios, y San Pedro Sula, su segunda ciudad más importante, es más peligrosa que Ciudad Juárez, México, un centro para la violencia del narcotráfico.
Gran parte de la prensa en los Estados Unidos ha atribuido esta violencia únicamente para el tráfico de drogas y las pandillas. Pero el golpe fue lo que abrió las puertas a un enorme incremento en el tráfico de drogas y la violencia, y que desató una ola continua de represión estatal.
El actual gobierno del Presidente Lobo llegó al poder en noviembre 2009, elecciones administradas por las mismas figuras que habían iniciado el golpe de Estado. La mayoría de los candidatos de la oposición se retiraron en señal de protesta, y todos los observadores internacionales más importantes boicotearon las elecciones, salvo por el Instituto Democrático Nacional y el Instituto Republicano Internacional, que son financiadas por los Estados Unidos.
El presidente Obama reconoció rápidamente la victoria del Sr. Lobo, aún cuando la mayor parte de América Latina no. El gobierno del señor Lobo es, de hecho, un niño del golpe de Estado. Conserva la mayor parte de las figuras militares que perpetraron el golpe de Estado y nadie ha sido condenado por su ejecución.
Esta cadena de eventos - un golpe de Estado que Estados Unidos no detuvo, una elección fraudulenta que aceptó - ha permitido que la corrupción cese. El sistema judicial no funciona. La impunidad reina. Al menos 34 miembros de la oposición han desaparecido o han sido asesinados y más de 300 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado desde el golpe de Estado, de acuerdo con la principal organización de derechos humanos, COFADEH. Al menos 13 periodistas han sido asesinados desde que el Sr. Lobo asumió el cargo, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Se cree que, la policía en Tegucigalpa, la capital, mató al hijo de Julieta Castellanos, la rectora de la universidad más grande del país, junto con un amigo suyo, el 22 de octubre de 2011. Altos funcionarios de policía rápidamente admitieron que sus sospechosos eran policías, pero no lograron detenerlos inmediatamente. Cuando figuras prominentes se adelantaron a acusar de que la policía está llena de escuadrones de la muerte y de narcotraficantes, el acusador más famoso era un ex comisario de policía, Alfredo Landaverde. Fue asesinado el 7 de diciembre. Sólo a partir de entonces, el gobierno ha comenzado a realizar detenciones importantes de los agentes de policía.
Patrocinada por el Estado, continúa la represión. Según COFADEH, por lo menos 43 activistas campesinos que participan en luchas por la tierra en el Valle del Aguán han sido asesinados en los últimos dos años y medio; en manos de la policía, el ejército y el ejército de seguridad privada de Miguel Facussé. El señor Facussé es mencionado en los cables en de la Embajada de Estados Unidos, publicados por WikiLeaks como el hombre más rico del país, un gran defensor del régimen post-golpe de Estado y propietario de tierras utilizadas para la transferencia de la cocaína.
Y, sin embargo, a principios de octubre, Obama elogió a Lobo en la Casa Blanca por el liderazgo en una "restauración de las prácticas democráticas." Desde el golpe de Estado los Estados Unidos han mantenido y, en algunas zonas, aumentado el financiamiento militar y policial en Honduras y se ha gestado la ampliación de sus bases militares allí, según un análisis realizado por el Movimiento de Reconciliación.
El Congreso, sin embargo, finalmente ha comenzado a retroceder. En mayo pasado, 87 miembros firmaron una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton pidiendo una suspensión de la ayuda militar y policial a Honduras. El representante Howard L. Berman de California, demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores, le escribió el 28 de noviembre, preguntando si los Estados Unidos estaban armando un régimen peligroso. Y en diciembre, el senador Patrick J. Leahy, demócrata de Vermont, y otros obtenidos en condiciones de una pequeña parte de los 2.012 policías y la ayuda militar apropiado para Honduras.
¿Por qué el Departamento de Estado se ha lanzado tras la administración de Lobo, pese a la evidencia brutal de la corrupción del régimen? En parte porque se ha rendido ante el electorado cubano-americano de la representante Ileana Ros-Lehtinen, presidenta republicana del Comité de Asuntos Exteriores, y sus aliados. Ellos han sido feroces respecto a Honduras tomándola como primera ficha de dominó, con la cual presionar contra la línea de los gobiernos de centro-izquierda y de izquierda que han ganado elecciones en América Latina en los últimos 15 años. Con su base aérea estadounidense, Honduras también es crucial para la estrategia militar de Estados Unidos en América Latina.
Honduras se sumerge en un abismo trágico, por tanto es el momento para cortar finalmente toda la policía y la ayuda militar. "Deje de alimentar a la bestia" es la forma en que la Sra. Castellanos, la académica, cuyo hijo fue asesinado, lo expresa. Ella, al igual que otros defensores de los derechos humanos, insiste en que el gobierno de Lobo no puede reformarse a sí mismo.
El Departamento de Estado está empezando la ayuda para resolver la situación detrás de las escenas. Sin embargo, activistas hondureños de derechos humanos, junto con muchos de nosotros en los Estados Unidos que se preocupan por Honduras, no creemos que este gobierno puede o debe manejar una limpieza de la fosa séptica que ayudó a crear, mediante el apoyo a un gobierno que debe su poder de un golpe de Estado.
En su lugar, tenemos que respetar las propuestas de enfoques alternativos que defensores de los derechos humanos en Honduras y la oposición están empezando a formular. Estos provienen de personas que todavía están luchando contra el golpe y que continúan el riesgo de pagar el precio de ser muerto a tiros por las fuerzas de seguridad del Estado
