La ciénaga de las hipotecas

Por Paul Krugman.

Funcionarios estadounidenses solían sermonear a otros países sobre sus fallas económicas y les decían que necesitaban emular el modelo de Estados Unidos. La crisis financiera asiática de finales de los 1990, en particular, condujo a moralizaciones presuntuosas. Por tanto, en el 2000, Lawrence Summers, entonces secretario estadounidense del Tesoro, declaró que las claves para evitar la crisis financiera eran “bancos bien capitalizados y supervisados, una efectiva gerencia corporativa y códigos de bancarrota, y un medio creíble para hacer cumplir los contratos”. Implícitamente, eran cosas de las que carecían los asiáticos, pero teníamos nosotros.

No las teníamos.

Los escándalos contables en Enron y WorldCom disiparon el mito de la efectiva gerencia corporativa. Hoy, la idea de que nuestros bancos estaban bien capitalizados y supervisados suena a broma de mal gusto. Y ahora el lío hipotecario hace que sea una tontería el dicho de que efectivamente se hacen cumplir los contratos; de hecho, la pregunta es si a nuestra economía la rige algún tipo de imperio de la ley.

La historia hasta ahora: la colosal quiebra en la vivienda y el elevado desempleo sostenido han conducido a una epidemia de mora, en la que millones de propietarios se retrasan en los pagos hipotecarios. Así que los recaudadores –las firmas que cobran los pagos a nombre de los propietarios de las hipotecas– han estado realizando ejecuciones hipotecarias sobre muchas hipotecas, confiscando muchas casas.

Sin embargo, ¿realmente tienen el derecho a confiscar estas casas? Han proliferado las historias de horror, como el caso de un hombre en Florida a quien le quitaron la casa aunque no la había hipotecado. Más significativamente, algunos actores han ignorado la ley. Tribunales han aprobado ejecuciones hipotecarias sin exigir que los recaudadores hipotecarios presenten la documentación debida; en cambio, han confiado en declaraciones juradas en las que se afirma que los documentos están en orden. Y, a menudo, las proporcionaron “signatarios robot” o empleados de nivel bajo que no tenían ni idea de si sus afirmaciones eran verídicas.

Ahora, se hace patente una verdad horrible: en muchos casos, no existe la documentación. En el frenesí de la burbuja, compañías irresponsables otorgaron gran parte de los créditos para vivienda, tratando de generar tanto volumen como fuera posible. Estos préstamos se vendieron a “fideicomisos” que, a su vez, los dividieron y partieron en títulos valor respaldados por hipotecas. Se requería por ley que los fideicomisos obtuvieran y conservaran la nota hipotecaria en la que se especificaran las obligaciones del prestatario. Sin embargo, ahora es evidente que con frecuencia se descuidaron tales sutilezas. Y esto significa que muchas ejecuciones hipotecarias que hoy se realizan, de hecho, son ilegales.

Esto es muy pero muy malo. Entre otras cosas, es casi una certeza que se está defraudando a cantidades significativas de prestatarios: se les cobran pagos que realmente no deben, se les declara en mora, cuando, de conformidad con los términos del contrato de crédito, no lo están.

Además de eso, si los fideicomisos no pueden presentar pruebas de que realmente son dueños de las hipotecas contra las cuales han estado vendiendo derechos al pago, los inversores importantes de estos fideicomisos enfrentarán demandas de los que adquirieron esos derechos; mismos que, en muchos casos, hoy valen solo una pequeña fracción de su valor nominal.

¿Y quiénes son estos inversionistas importantes? Grandes instituciones financieras –las mismas a las que supuestamente se rescataron el año pasado con programas gubernamentales–. Así que el lío hipotecario amenaza con producir otra crisis financiera.

¿Qué se puede hacer?

Como era de esperarse, la respuesta del gobierno de Obama ha sido oponerse a cualquier acción que pudiera molestar a los bancos, como una moratoria temporal de las ejecuciones hipotecarias, mientras se solucionan algunos de los problemas. En cambio, pide a los bancos, muy amablemente, que se porten mejor y cambien de conducta. Eso ha funcionado tan bien en el pasado, ¿no es cierto?

No obstante, la respuesta de la derecha es aún peor. Los republicanos en el Congreso se están reservando, pero los comentaristas conservadores, como los de la página editorial del Wall Street Journal, han salido a rechazar la falta de documentos apropiados como una trivialidad. En efecto, dicen que si un banco dice que es dueño de una casa, simplemente deberíamos creerle. Para mí, esto evoca los días en los que los nobles se sentían libres para tomar cualquier cosa que quisieran, a sabiendas que los campesinos no tenían estatus en los tribunales. Sin embargo, claro, sospecho que algunas personas los consideran los buenos viejos tiempos.

¿Qué debería estar pasando? Los excesos de los años de la burbuja crearon una ciénaga jurídica, en la que los derechos de propiedad están mal definidos porque nadie cuenta con la documentación apropiada. Y cuando no existe ningún derecho claro a la propiedad, crearlos es trabajo del gobierno.

No será fácil pero existen buenas ideas. Por ejemplo, el Centro para el Progreso Estadounidense propuso darles directamente el poder para modificar préstamos problemáticos a los asesores hipotecarios y otras entidades públicas, cuyo juicio sea válido a menos que lo apelara el recaudador hipotecario. Esto haría mucho para aclarar las cosas y ayudar a sacarnos del lío.

Algo es seguro: lo que estamos haciendo ahora no funciona. Y fingir que las cosas están bien no convencerá a nadie.

Tomado de Insurgente.